Según fuentes federales, una página en la plataforma Telegram se encuentra bajo investigación por varias agencias de ley y orden luego de recibir, de parte de un sicario del bajo mundo, un video en el que un informante federal es asesinado y abofeteado.
La página, que operaba bajo el radar, ahora es objeto de intenso escrutinio. Las autoridades han colocado en la mira tanto a sus operadores como a sus miembros con el fin de identificar a los responsables directos e indirectos del asesinato del confidente.
Además de las posibles acusaciones por conspiración y obstrucción de justicia, los fiscales federales podrían recurrir a 18 U.S.C. §1462, una ley federal que prohíbe el envío o publicación de material obsceno por medios de comunicación interestatales, incluyendo internet. Aunque esta ley está mayormente asociada a pornografía u otro contenido sexual explícito, su definición de “obsceno” es más amplia e incluye material que muestre actos violentos extremos o degradantes con la intención de perturbar, humillar o impactar al público.
Ley federal que prohíbe contenido obsceno
En EE. UU., el 18 U.S.C. § 1461 y leyes relacionadas prohíben el envío, distribución o publicación de material considerado “obsceno” por medios de comunicación, incluyendo internet. Aunque esta ley suele aplicarse a pornografía o contenido sexualmente explícito, en ciertos casos el gobierno ha utilizado estatutos similares o combinaciones de leyes (como conspiración, amenazas interestatales, o distribución de material ilegal) para perseguir a personas que publican contenido extremadamente violento, degradante o con fines criminales, especialmente si la distribución está vinculada a la comisión de un delito federal.
En este caso, si el video es parte de un crimen federal y se difunde con el fin de intimidar o beneficiar a una organización criminal, la publicación podría considerarse ilegal bajo diferentes estatutos federales combinados con esta ley.
En este caso, los fiscales podrían argumentar que la publicación del video —mostrando la ejecución y humillación del informante— constituye material obsceno y fue transmitido de manera electrónica, lo que activaría la jurisdicción federal. De probarse, los operadores podrían enfrentar penas de hasta cinco años de prisión, multas federales y la confiscación de sus equipos y servidores.
Cabe señalar que, desde el arresto de su fundador, Telegram ha comenzado a cooperar con las autoridades, compartiendo datos que ayuden a identificar a usuarios y administradores implicados en actividades criminales. SI TIENE INFO DE ESTE CASO CONFIDENCIAS@TUTANOTA.COM
Xposed Magazine seguirá de cerca el desarrollo de esta investigación y cualquier acusación que se presente en corte federal.
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